Sin embargo, en el departamento de Canindeyú y otras regiones del país ya son pocas las comunidades originarias que escapan a dicha práctica. El propio director jurídico del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), abogado Jorge Guillén, reconoció que el arrendamiento de las tierras indígenas es una realidad que se presenta de manera disfrazada, teniendo en cuenta que el alquiler propiamente colisiona con un artículo constitucional.

Dijo que tienen conocimiento de que principalmente brasileños alquilan las tierras, pero bajo contratos de supuesto pacto realizado por los indígenas para que ellos le trabajen la tierra. “Es un caso único en el mundo, donde el contratado se queda con el 95 por ciento de las utilidades”, manifestó.

Dijo que en el Indi trabajan para que esa práctica ilegal y sin beneficio para los indígenas cambie. Agregó que se debe encarar el problema de manera interinstitucional y no solo por el ente al que representa.