Reclaman transferencia de terrenos municipales

SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). La Municipalidad fraccionó y vendió una propiedad a unas 57 familias y ahora el intendente se niega a firmar la transferencia, porque supuestamente no apoyan su administración, según denunciaron los afectados. Indicaron que están al día con el impuesto inmobiliario, pese a que aún no tienen el título de sus respectivos lotes.

Aún así, el intendente Raúl Mendoza se niega a entregar los documentos que garanticen que son legítimos dueños de las parcelas que ocupan, según afirmaron los afectados. 

Vilma viuda de Cuéllar, una de las afectadas, dijo que el intendente les exigió pagar todo por el terreno para firmar la transferencia, por lo que muchos empeñaron su heladera o su televisor para completar la plata. Luego les pidió pagar el impuesto inmobiliario y también lo hicieron, pero aún así se niega a entregar los títulos de los lotes, relató.

Cada ocupante pagó poco más de G. 2 millones por su terreno y por el impuesto pagaron más de G. 3 millones, precisó.

Los afectados comentaron que tienen las resoluciones de la Junta Municipal para la transferencia por parte del intendente, pero que Mendoza se niega.

“Nos fuimos en varias ocasiones a la Municipalidad y el intendente no se hace encontrar. Los funcionarios solo nos dicen que nada pueden hacer porque Mendoza tiene la lapicera. Yo le encontré hace un par de semanas en la parroquia y le exigí que firme la transferencia y me dijo que no, y que me vaya a demandarle”, expresó.

Los afectados comentaron que el miércoles último Mendoza reunió a sus seguidores del asentamiento y formó una comisión “a su medida”. Advirtió que firmará la transferencia solamente a la gente que apoya su gestión y su candidatura a una segunda reelección.

También explicaron que los vecinos trabajaron durante todos estos años para mejorar la imagen de la zona, sin el apoyo de la Comuna.

Llegamos a la Municipalidad para escuchar la versión de Mendoza, pero no nos atendió. El jefe comunal tiene dos procesos judiciales, uno por presunta mala utilización de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y otro por supuesta violación la ley de impacto ambiental.