Los integrantes del Tribunal Electoral del Alto Paraná y Canindeyú, en este caso Benigno Rodríguez, Carmen Chávez y Francisco Zacarías, dieron lugar a una medida cautelar de urgencia planteada por la concejala Sandra Silvera tras ser destituida de forma arbitraria por el titular de la Junta Municipal de La Paloma, Cristóbal “Kiko” Villalba, el pasado 19 de agosto.

La edil, que fue reemplazada por su suplente, Daniel Villamayor, en principio integraba el equipo político del “clan Villalba”, liderado por la diputada Cristina Villalba (ANR) y su hermano, el intendente de La Paloma, Carlos “Cabrito” Villalba (ANR).

Según se desprende de la parte resolutiva, el Tribunal decidió suspender los efectos de la Resolución 39/2015, de la Junta Municipal de La Paloma, por la cual se le había declarado cesante a la edil recurrente.

En el punto número dos ordena su reposición en el cargo como miembro titular del legislativo comunal.

Además, decreta la prohibición de innovar a la parte demandada, es decir a la Junta Municipal y su presidente, quien, según la denunciante, de manera arbitraria lo había dejado fuera de su banca.

En su lugar convocó e hizo jurar al ya citado Villamayor, sin respetar el debido proceso. Villamayor pertenece al equipo político de los Villalba.

El pecado de la concejala Sandra Silvera fue no apoyar al candidato oficial a intendente del “clan” , el hermano menor de la familia, “Kiko” Villalba, quien el pasado 26 de julio fue electo como candidato a intendente durante las internas del Partido Colorado por la lista 2A (cartismo). La edil apoyó a la lista contraria, que postuló a Elizardo “Ochi” Maldonado, de la lista 2H.

Acceso restringido

El miércoles último, Silvera intentó participar de la sesión ordinaria de la Junta Municipal, pero efectivos de la Policía Nacional le restringieron el libre acceso al legislativo por orden de los Villalba, según denunció públicamente.