VILLARRICA (Pablo Gastón Ortiz, corresponsal). Los curas Gustavo Ovelar (61) y Francisco Javier Bareiro (45) evitaron hablar ayer con los periodistas.

Ante el fiscal que investiga la causa, Carlos Alvarenga, los dos se ratificaron en su versión de que todo fue una mentira orquestada por el excatequista José Benítez, con el que tuvieron roces debido a que le prohibieron organizar algunas actividades religiosas.

Benítez fue el que reunió a los jóvenes y llevó las denuncias ante los superiores de la congregación Oblatos de María Inmaculada (OMI) a la que pertenecen ambos denunciados.

Los clérigos fueron denunciados en 2014 por un grupo de seis jóvenes por acoso y abuso sexual. Según las acusaciones, los hechos ocurrieron entre los años 2011 y 2013 cuando las víctimas tenían entre 16 y 21 años de edad.

Ovelar y Bareiro se desempeñaban como párroco y vicario pastoral de Paso Yobái, respectivamente, en el periodo en que sucedieron supuestamente los abusos y acosos sexuales.

La causa ingresó en marzo de 2015 en la unidad de la fiscala Perla Cáceres, pero después pasó a cargo del fiscal Carlos Alvarenga. Además, en los primeros meses de 2015 por disposición del obispo de la diócesis de Villarrica, monseñor Ricardo Valenzuela Ríos, los curas fueron separados de los cargos que ocupaban.

De los primeros seis jóvenes denunciantes, dos se retractaron, presumiblemente por presiones. Ambos, al igual que sus familiares, dependían laboralmente de la parroquia de Paso Yobái.

El abogado Ramiro Sisul, representante de los religiosos, declaró que se violentaron los derechos procesales de sus clientes.

Cuestionó que la investigación data de más de un año y que hasta el momento no se presentó imputación.

Indicó que sus clientes fueron presentados públicamente como culpables, por lo que dijo que estudiarán la posibilidad de iniciar acciones legales contra aquellos que supuestamente dañaron sus imágenes. Añadió que más adelante analizarán la prescripción de los tipos penales investigados, que son hasta el momento abuso sexual en personas bajo tutela y acoso sexual, ya que pasaron más de tres años de los hechos.