Explicó que contrató al letrado para que lo defienda en un juicio promovido por el usurero Irenero Lezcano, a quien adeudaba la suma de G. 67 millones. Sin embargo, el letrado lo engañó por más de dos años, aprovechándose del desconocimiento que tiene de las normas legales y tras perder en segunda instancia -situación que no le fue comunicada por su abogado- ahora debe pagar la suma de G. 344.485.000.

El expediente judicial permaneció en poder del abogado hasta el pasado miércoles, cuando Arévalos pudo comprobar el fraude. Tras la resolución, desde noviembre de 2012, se realizan los descuentos directos del salario del funcionario de EBY y de su esposa, por más de G. 5 millones, casi el 50% por ciento de su sueldo de ambos, en total contravención al código laboral, que establece el embargo de hasta el 25% del salario.

Llamativamente, las órdenes de pago se realizan a nombre del abogado de la contraparte, Efraín Rotela. Ayer intentamos conocer la versión de Benítez, pero no respondió nuestra llamada a su teléfono móvil.