“Contar con la verificación vehicular será un requisito fundamental para que ómnibus internos, transportes escolares y taxis puedan circular”, señaló el presidente de la Junta Municipal, doctor Ramón Gill Navarro.
La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Comuna de esta ciudad en diciembre pasado. La máxima instancia judicial declaró inconstitucional la ley que cercena sus atribuciones y otorga potestad de habilitar talleres a la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (Setama) y a la Dirección Nacional del Transporte (Dinatran).
La Junta Municipal adjudicó el servicio a la empresa Yhaguy hasta que se pueda llamar a licitación, afirmó Ramón Gill. Manifestó que la idea de los concejales es ampliar la obligatoriedad, en el marco de la competencia, a las unidades del transporte público interno.
La ordenanza vigente es la N° 09/2012 que crea el Sistema Municipal de Inspección Técnica Vehicular. Establece la obligatoriedad de la realización de los controles como requisito para obtener y renovar la patente de los rodados.
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