El Centro de Protección a Refugiados e Inmigrantes de la Casa de Rui Barbosa (Cepri) y tres organizaciones de los DD.HH. habían solicitado al Conare mantener el estatus argumentando que la falta de fundamentos técnicos da “espacio a agendas políticas que jamás deberían inmiscuirse en la dinámica de decisión de refugio de Conare” .

La abogada de Caroline Godoi, representante legal en Brasil de los prófugos, dijo que “Arrom, Martí y Colmán sufrieron formas atroces de persecución política (...) lo que no sólo fundamentó el reconocimiento de su condición de refugiados en 2003 sino que tornó necesaria la continuidad de protección”.