“La opción de la dictadura es mantenerse en el poder a costa de la muerte de quien se oponga y de la destrucción de la economía nacional”, informó la Unidad, en una declaración pública.
Nicaragüenses en grandes protestas populares, exigen la renuncia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, desde que en 2018 el Gobierno ejecutó ataques armados contra civiles, que dejaron cientos de muertos, presos y desaparecidos.
Grupos paramilitares, verdaderos “escuadrones de la muerte” dispararon contra las protestas populares.
A inicios de la semana la Unidad reportó que, después del mandato de la OEA el 28 de junio pasado, cerca de 20 personas fueron asesinadas por criticar al Gobierno de Ortega, y en los últimos días del mes al menos nueve opositores fueron capturados cada día.
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El Gobierno de Ortega dio por finalizada su disposición a dialogar esta semana, una decisión que va en contra del mandato de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de reanudar con la oposición una “negociación efectiva y de buena fe”.
Las pláticas entre el Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fracasaron en dos oportunidades, debido a que la parte gubernamental no cumplió con los acuerdos firmados, según denunció la oposición.
La CIDH, que responsabiliza al Gobierno de Nicaragua por crímenes ” de lesa humanidad ”, sostiene que la crisis ha dejado al menos 326 muertos desde su inicio en abril pasado. Organizaciones locales cuentan hasta 594.