Los legisladores José Guerra, Tomás Guanipa y Juan Pablo García fueron acusados de la “comisión flagrante”, además, de conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones, entre otros cargos, según un comunicado de la máxima corte, de línea oficialista.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no precisó en lo inmediato las causas de la acusación, que se suma a la de diez diputados a quienes esa corte vincula con un fallido alzamiento militar contra el gobernante Nicolás Maduro, el pasado 30 de abril.

La insurrección de un pequeño grupo de uniformados fue liderada por Juan Guaidó, presidente del Parlamento de mayoría opositora y reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, incluido Estados Unidos.

La Corte chavista envió el caso de estos tres nuevos congresistas a la oficialista a Asamblea Constituyente para que les levante el fuero y puedan ser juzgados en tribunales ordinarios.

Los otros diez parlamentarios ya fueron despojados de su inmunidad, debido a lo cual se refugiaron en sedes diplomáticas, se exiliaron o pasaron a la clandestinidad.

Varios diputados respaldaron públicamente la sublevación frente a una base aérea de Caracas, que fracasó en su intento de quebrar el apoyo de la Fuerza Armada al régimen de Maduro.

Guaidó, a quien la Constituyente ya le retiró el fuero por usurpación de funciones, denunció que ese ente busca disolver el Parlamento.

Venezuela atraviesa un agravamiento de tensión política y social desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante obtuvo la reelección en unos comicios en los que se prohibió participar a la oposición.

En respuesta, el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, juró como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de cincuenta naciones, con Estados Unidos a la cabeza.