Las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad y precariedad económica y procedían de las zonas más desfavorecidas.
La líder de la red, una brasileña, está acusada de ser la responsable de dar las directrices que debían seguir para la captación y traslado de las paraguayas hacia España.
La organización les ofrecía un futuro idílico, garantizándoles que ganarían mucho dinero en España y podrían sacar a sus familias adelante, pero luego descubrían que habían contraído una “deuda” con la organización y que tendrían que saldarla ejerciendo la prostitución.
En varios casos, los familiares eran amenazados y coaccionados para pagar y se les imponían multas por no cumplir las estrictas normas del club de alterne.
La red también disponía de un grupo de personas de confianza que se encargaba de remitir los beneficios obtenidos de la explotación sexual a una cuenta bancaria en Brasil. También se efectuaban envíos a Paraguay.