HONG KONG (EFE). Aunque a principios de julio las autoridades hongkonesas declararon “muerta” esa propuesta de ley, los activistas pro democracia exigían que se retire oficialmente y ampliaron sus demandas con el objetivo de mejorar los mecanismos democráticos de la ciudad y, en definitiva, oponerse al autoritarismo chino.

“El Gobierno retirará formalmente el proyecto de ley para tranquilizar completamente las preocupaciones públicas”, afirmó la jefa del Ejecutivo, Carry Lam.

El polémico texto que pretendía autorizar las extradiciones hacia China, fue el origen de la crisis política que sacude la excolonia británica desde hace tres meses, la más grave desde su retrocesión en 1997.

El resto de peticiones del movimiento pro democracia son el establecimiento de una comisión independiente que investigue la supuesta brutalidad policial, la retirada de cargos contra los detenidos por las protestas, la retirada del calificativo de “revuelta” sobre las manifestaciones y la aplicación del sufragio universal para la elección del jefe del Ejecutivo local.

Ninguno de estos otros asuntos fue aceptado por Lam, aunque reconoció que tras las protestas ha quedado claro que “el descontento se extiende mucho más allá del proyecto de ley” y “cubre cuestiones políticas, económicas y sociales”.

Por ello, anunció la creación de un comité independiente que revise “los problemas más arraigados de la sociedad” y asesore al Gobierno sobre la búsqueda de soluciones.

Tras recuperar la soberanía del territorio de manos británicas en 1997, y bajo la fórmula “Un país, dos sistemas”, el Gobierno chino se comprometió a mantener la autonomía de Hong Kong y a respetar hasta 2047 una serie de libertades de las que no gozan los ciudadanos de la China continental.

Analistas apuntan que la reacción de Lam podría ser el preludio de una mayor represión contra los manifestantes. “Se dice que (el proyecto de ley) será retirado. Esa no es una respuesta a (las demandas), sino un movimiento pasivo-agresivo. Si las luchas callejeras continúan, se invocaría la ley estatal de emergencia, aseguró el analista hongkonés Lau Sai-leung.

Se refería a la Ordenanza de Regulaciones de Emergencia, una normativa aplicada por última vez en 1967 durante los disturbios en Hong Kong, que podría otorgar al ejecutivo local poderes como arrestos y castigos, censurar a la prensa y confiscar propiedades, cambiar leyes y promulgar otras nuevas.