PANAMÁ (EFE). “Traer y mantener a cada niño en la escuela es siempre la inversión más poderosa, pero especialmente en tiempos inciertos como los que vive Venezuela. Cualquier niño en riesgo de abandonar la escuela hoy, socava el futuro de todo el país, mañana. Venezuela simplemente no puede permitirse esto”, dijo el director de Unicef para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen.
El organismo, cuya sede regional se encuentra en Panamá, explicó en un comunicado que está proporcionando kits escolares a más de 300.000 niños en Venezuela para que puedan seguir estudiando y que en los próximos 12 años pretende ampliar la cobertura a 1,2 millones de infantes.
Los kits contienen una mochila escolar con útiles básicos de aprendizaje, como cuadernos y lápices de colores, y se están distribuyendo por los estados de Miranda, Distrito Capital, Bolívar, Zulia, Táchira, Carabobo, Portuguesa, Barinas, Apure, Falcón, Amazonas, Delta Amacuro, Anzoátegui y Sucre, entre otros.
El representante de Unicef en Venezuela, Herve Ludovic De Lys, indicó por su parte que las escuelas son “entornos seguros donde puedan aprender, socializar e incluso acceder a servicios esenciales como la alimentación”, y “brindan a los niños un sentido de normalidad que es vital dadas las dificultades que enfrentan muchas familias”.
El organismo internacional, uno de los pocos que están prestando ayuda humanitaria en Venezuela, solicitó el pasado agosto a la comunidad internacional 70 millones de dólares para atender las necesidades básicas de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, de los que solo ha podido recaudar un 9%.
A tiros
Hace tres días, centenares de maestros se manifestaban denunciando la “catástrofe educativa”, cuando grupos de civiles armados por el gobierno dispersaron la protesta a balazos.
Estos dispararon al aire (siete detonaciones de arma de fuego) ante la indolencia de la Policía Nacional Bolivariana.
Venezuela está sumida en una grave crisis económica tras dos décadas de régimen chavista y, según datos de la ONU, un cuarto de su población de 30 millones necesitada de asistencia y más de cuatro millones han abandonado el país desde 2015.