Pese a que en 2018 Colombia vivió las elecciones legislativas y presidenciales más pacíficas de su historia reciente, la inestabilidad política reapareció en esta campaña con ataques a candidatos en un momento en que la implementación de la paz se tambalea.

La Misión de Observación Electoral (MOE) registró desde julio pasado 108 casos de violencia contra candidatos, la mayoría de ellos en zonas alejadas que antes dominaban las FARC y a las que nunca llegó el Estado después de la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016.

En departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, en la costa del Pacífico, así como Norte de Santander y Arauca, fronterizos con Venezuela, y en la región del Bajo Cauca (Antioquia) se viven las situaciones más complejas por la presencia de bandas criminales como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros.

El aumento de la violencia supone un retroceso en un país que empezaba a acostumbrarse a la política sin armas que marcó la vida nacional desde la primera mitad del siglo XX.

Las elecciones presidenciales de 2014 y 2018, así como las regionales de 2015, fueron las más tranquilas en décadas ya que el influjo de la negociación de paz con las FARC llevó a esa guerrilla y al ELN a declarar treguas, con lo cual el país se libró de ataques contra candidatos quema de urnas y el secuestro fiscales electorales.

El resurgimiento de la violencia está asociado al narcotráfico, un problema en aumento en el país, con disputas de territorios entre disidentes de las FARC, el ELN y bandas criminales, lo que además a ocasionó el desplazamiento de unas 15.140 personas en ocho departamentos desde enero hasta este mes.

El propio presidente Iván Duque advirtió que los narcotraficantes quieren influir en estas elecciones mediante “alianzas macabras, oscuras y por debajo de la mesa”.