LA PAZ (AFP). El examen especial al conteo de votos de las presidenciales celebradas en Bolivia el pasado 20 de octubre fue solicitada tanto por la oposición del país –que denunció fraude en los comicios para favorecer la reelección de Morales– como por organismos internacionales que reclamaron la falta de transparencia en el escrutinio final de los votos.

El órgano electoral boliviano aceptó someter a un recuento de los votos supervisado por organismos como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Estas organizaciones no solo pidieron la auditoría sino que además instaron a una segunda cita con las urnas para despejar todas las dudas.

Las sospechas de fraude surgen especialmente por la forma en que se transmitieron unos resultados parciales entre el domingo y el lunes, que inicialmente auguraban una segunda vuelta entre el presidente Morales y el opositor Carlos Mesa.

La publicación de estos datos preliminares quedó paralizada el domingo y repentinamente el lunes pasado se reanudó para dar el triunfo en primera ronda al presidente.

La ley electoral exige el 50 por ciento de los votos más uno o el 40 con 10 puntos de ventaja sobre el segundo para vencer en primera vuelta, pero cuando no se logran estos porcentajes, se va a segunda ronda entre los dos más votados.

El gobierno propuso al presidenciable opositor Carlos Mesa a sumarse a la auditoría internacional para intentar detener la violencia callejera.

Mesa, que ya fue presidente entre 2003 y 2005, afirmó que sólo aceptará la auditoría “si (Morales) está dispuesto a no aceptar el resultado del Tribunal Supremo Electoral” (ya proclamó a Evo Morales como vencedor) mientras se realice la auditoría y si le reconocerá un “carácter vinculante”.

La ola de protestas contra la polémica reelección de Morales, pese a prohibición constitucional, va en aumento en el país.

El gobernante asegura que las protestas forman parte de un plan de “golpe de Estado” en su contra.