MADRID (EFE). La crisis social, considerada la peor de los últimos 30 años en Chile, ha dejado al menos 20 muertos según datos oficiales, seis de ellos ciudadanos extranjeros, se iniciaron el pasado 18 de octubre en respuesta a la subida del precio del pasaje de metro en la capital, pero se convirtieron luego en un clamor popular contra el Gobierno del conservador Piñera y las desigualdades de la sociedad chilena.
“No supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos”, afirma Piñera en una entrevista al diario español El País.
El presidente chileno, que estrenó su segundo mandato en 2018 después de estar en el poder de 2010 a 2014, reconoce que han sufrido “las tres semanas más violentas y disruptivas que yo recuerdo” y dice que fueron provocadas “por grupos criminales organizados”, además de la delincuencia tradicional, el narcotráfico, los anarquistas y muchos más.
Ahora nos damos cuenta de que la demanda social era más urgente y más profunda y hay que acelerar el ritmo”, dice el presiente chileno, pero advierte de que “hay que tener muy claro el norte para no caer en la tentación de la demagogia y el populismo”.
Prudencia
Piñera considera que la violencia vivida en su país en las últimas semanas “no es algo espontáneo ni casual” y ante la posibilidad de que haya podido haber intervención de gobiernos extranjeros, con la mirada puesta en Venezuela, el mandatario afirma que “no descarta nada”, pero como presidente “tiene que ser prudente”.
Respecto a la violencia ejercida por los agentes de seguridad, el mandatario chileno considera que tomaron todas las precauciones para asegurar el respeto de los derechos humanos, pero si alguno de ellos cometió excesos, “tendrá que ser investigado y juzgado”. Además de los veinte muertos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, ha habido 1.915 heridos, de los que más de la mitad (1.003) sufrieron disparos.
Disparos
Unas 182 personas sufrieron daños oculares por balines de la Policía durante las protestas que comenzaron en Chile hace más de tres semanas.
Una de ellas, un joven estudiante que perdió parcialmente la visión, provocó hoy la protesta de organismos de salud y Derechos Humanos.
La policía utilizó balines, perdigones, gases lacrimógenos y carros lanzaagua para dispersar a los manifestantes.
El gobierno informó que el uso de armamento no letal está dentro de los protocolos a los que se ciñe la Policía para controlar los disturbios, pero admitió errores cometidos por uniformados.
