LA PAZ (AFP, EFE). En su primera reunión con la prensa extranjera, Áñez dijo que Morales “se fue solo” de Bolivia y si vuelve “tiene que responder a la justicia”.

“Hay un delito electoral, hay muchísimas denuncias de corrupción en su gobierno”, indicó. “Él (Morales) tiene cuentas pendientes en el país”.

Morales, asilado en México desde el martes, renunció el domingo tras revelarse el fraude electoral cometido en las elecciones del 20 de octubre último, para mantenerse en el poder, luego de lo cual perdió el apoyo de la poderosa Central Obrera Boliviana (uno de sus principales soportes políticos) y del Ejército y la Policía.

“Este es un gobierno de transición”, aseguró Áñez. “Me comprometo a llevar las elecciones transparentes”, añadió, aunque aclaró que no sabe si podrán realizarse antes del 22 de enero, cuando culminaba el tercer mandato de Morales.

“Vamos a llegar a unas elecciones”, tras el nombramiento de un nuevo órgano electoral, “y los bolivianos van a tener la oportunidad de elegir”, indicó esta abogada de 52 años.

Ayer al menos cinco personas murieron, al parecer manifestantes de grupos cocaleros, durante disturbios cerca de la ciudad boliviana de Cochabamba, donde hubo graves choques con la Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia, informó a Efe el representante en Cochabamba de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nelson Cox.

“El pueblo me lo pide”

Ayer, Evo Morales no asumió ninguna responsabilidad en la crisis que derivó del fraude de su gobierno detectado en las elecciones. “Responsabilidades, nada”, dijo en una entrevista. Según él, no quería gobernar más, pero el pueblo se lo pedía.

“No se trata de eternizarse, por mí en cinco años quería irme a mi casa (...) ese es mi deseo, pero el pueblo me pide continuar”, alegó.

El gobierno interino desvinculó al país del Tratado del ALBA, bloque latinoamericano de países aliados de Cuba y del chavismo venezolano.

Presión de Evo a funcionarios

Funcionarios de varias instituciones estatales de Bolivia confirmaron ayer, lo que era un secreto a voces: que eran presionados para participar en actos de apoyo a Evo Morales bajo graves amenazas, incluso para atacar a protestas opositoras.

Los encargados incluso instruían a los funcionarios “cómo tenían que ir a molestar a las otras personas” y exacerbar los ánimos.

Se hacían cobros “voluntarios” al personal que luego terminaron por ser obligatorios, para sustentar movilizaciones a favor de Evo Morales.