CIUDAD DEL VATICANO (AFP). Enfrentado a una serie de escándalos de abusos sexuales en todo el mundo que mancharon la imagen de la milenaria institución, Francisco da así un paso adelante importante en la lucha contra la pederastia cometida por sacerdotes y que garantizará mayor transparencia en la Iglesia Católica.
El Papa entierra el secreto pontificio (código de silencio) para estos casos con una normativa de 5 artículos titulada “Instrucción sobre la reserva de las causas”.
Francisco advierte que “no puede imponerse ninguna obligación de silencio sobre los hechos encausados al denunciante, a la persona que afirma haber sido perjudicada y a los testigos”.
Al terminar con la ley del silencio que reinó por décadas frente a la pederastia de los curas, Francisco se compromete también a dar la “debida información a la víctima y a las comunidades afectadas”, explicó por Andrea Tornielli, director editorial del Vaticano.
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El secreto de confesión sigue vigente. El “secreto pontificio” se refiere a la confidencialidad en el manejo judicial de los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes y otros delitos graves de este tipo.
“Por ejemplo, por los impedimentos que existían hasta este momento, la víctima no tenía la oportunidad de conocer la sentencia que siguió a su denuncia, porque existía el secreto pontificio”, añadió.
La norma facilita la colaboración concreta con los Estados donde hay mandatos judiciales.
Tornielli explicó que a partir de ahora “las denuncias, testimonios y documentos procesales relativos a los casos de abusos conservados en los archivos de los Dicasterios Vaticanos, así como aquellos que se encuentran en los archivos de las diócesis, y que hasta ahora estaban sujetos al secreto pontificio, podrán ser entregados a los magistrados instructores de los respectivos países que los soliciten”.
La nueva norma establece también como delitos graves “la adquisición, posesión o divulgación, con fines libidinosos, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio”.
El delito de pornografía infantil incumbía a menores de 14 años, pero la edad fue aumentada. Se eliminó también la obligatoriedad de que el abogado y el fiscal de los delitos más graves contra la moral tengan que ser sacerdotes.