WASHINGTON (AFP). La venta de servicios profesionales, fundamentalmente médicos, es la principal fuente de divisas de Cuba, con algo mas de US$ 6.000 millones el pasado año, según cifras del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel y del gobernante de facto, Raúl Castro.
El presidente de Prisioners Defenders, el español Javier Larrondo, cuya organización llevó el caso de los médicos cubanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) y las Naciones Unidas, declaró que la legislación cubana es “esclavista”.
Citó como ejemplo el artículo 135, el cual –aseguró– establece que si terminado el trabajo en una misión extrajera no se regresa al país, la persona se enfrenta a “ocho años de prisión”.
Ramona Matos vivió indocumentada y vigilada por sus superiores, fue forzada a falsear estadísticas y a “botar por el inodoro” medicamentos. Hasta que, “defraudada” por las “mentiras” del gobierno de Cuba, cruzó la Amazonia y desertó del “negocio” de las misiones médicas de su país. “¡Basta ya de represión al pueblo cubano! ¿Hasta cuándo? ¡Basta ya!”, dijo Matos, exbrigadista en Bolivia y Brasil, al denunciar el “trabajo esclavo” al que estuvo sometida, durante un foro en la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Me empecé a dar cuenta de que era un negocio de Cuba”, afirmó Matos durante la conferencia “La oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas”, realizada por el organismo internacional.
También denunciaron abusos de este programa los delegados ante la OEA de Bolivia, Jaime Aparicio, y de Venezuela, Gustavo Tarre, representante de la oposición.
Batas blancas
“Yo temo en particular a los cubanos cuando dan un regalo”, dijo Tarre, tildando la “diplomacia de batas blancas” como un “caballo de Troya”.
Marion Smith, de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, celebró la cancelación de las brigadas en países latinoamericanos, pero dijo que más de 60 aún participan con unos 40.000 profesionales.
Desde Brasil, El Salvador, Ecuador y Bolivia, unos 9.000 médicos cubanos fueron repatriados en el último año tras la cancelación de sus contratos, una decisión alentada por la administración del presidente Donald Trump y que significa un golpe económico para la isla.