Este cambio en las regulaciones para el otorgamiento de las visas de turista (B1 y B2) “es necesario para fortalecer la seguridad pública, la seguridad nacional y la integridad de nuestro sistema de inmigración”, aseguró la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca en un comunicado.

De acuerdo con la Constitución de EE.UU., las personas nacidas en territorio estadounidense tienen derecho a la ciudadanía, aún si sus parientes no son ciudadanos.

A los 21 años de edad, esos hijos tienen el derecho a solicitar la residencia permanente legal de sus familiares, algo que los críticos del sistema califican como “inmigración en cadena”.

El comunicado no ofreció cifras de lo que representa el llamado “turismo de embarazo” en cuanto a número de casos, los costos que esa práctica puede tener para la economía ni explicó en qué forma amenaza la seguridad nacional.

En el período fiscal 2018 el Gobierno emitió 5,7 millones de visas B1 y B2. El Centro para Estudios de Inmigración (CIS, en inglés) calcula que cada año hay unos 20.000 partos de mujeres que llegaron al país con visas de turista y luego dejaron EE.UU.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional el Gobierno admite cada año 1,1 millones de inmigrantes y el 79% de la inmigración legal se sustenta en la reunificación familiar.