CÚCUTA, Colombia (EFE). Venezuela atraviesa la peor crisis política y socioeconómica de su historia reciente, con una economía reducida a menos de la mitad en seis años y una voraz inflación que limita el acceso a bienes esenciales, en especial medicinas.
Además, toda voz disidente está encarcelada o censurada, aunque el régimen socialista niega que existan presos políticos.
En el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira y es el principal paso fronterizo entre ambos países, la jefa de la CIDH, Esmeralda Arosemena, constató cómo decenas de miles de personas cruzan con bultos y maletas en los hombros con productos que no pueden conseguir en Venezuela.
“El llamado directo a Maduro es que hoy, como responsable directo que está y tiene, de hecho, el poder para hablar, que evalúe lo que representa para las personas, para los ciudadanos, para el pueblo venezolano una respuesta de dignidad, una respuesta de derechos”, manifestó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Hasta allí llegó como parte del “Plan B” de la misión de la CIDH que lidera –de la que además hacen parte el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrão, y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli– luego de que el pasado martes Copa Airlines no les permitiera embarcar en Panamá con destino a Caracas para la que sería su primera visita en 18 años a Venezuela.
Sobre la decisión de Maduro de vetar su viaje a Venezuela dijo “esa es la posición del Gobierno de no aceptar el escrutinio, pero si no tiene nada que esconder por qué no dejarnos entrar para ver, para escuchar incluso a las propias autoridades, para que nos expresaran sus limitaciones, lo que ellos estiman que están pasando y nosotros poder evaluar in situ esa realidad”.
Por ello fue que en el puente habló con algunas personas e incluso trató de conversar con los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía Militarizada Chavista) que estaban en suelo venezolano, aunque fue ignorada.
La CIDH tomó denuncias de víctimas de violación de derechos humanos en Venezuela y de la sociedad civil en general.
Maduro atribuye las carencias a las sanciones impuestas por EE.UU., que incluyen un embargo petrolero desde abril de 2019, además de acciones contra cualquier empresa que haga negocios con el régimen socialista.