Correa, que vive en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017, será juzgado en ausencia. La pena por esa falta, imprescriptible en Ecuador, es de hasta tres años de prisión.

El exmandatario tildó de una “gran farsa” la acusación de la Fiscalía.

En el caso denominado “sobornos 2012-2016” también están procesadas por el delito de cohecho otras 20 personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas –que ya cumple una condena de 6 años de cárcel por recibir coimas de la firma brasileña Odebrecht– exministros, exdiputados y empresarios.

Correa fue vinculado al caso por un depósito de US$ 6.000 que una persona que trabajaba con su exasesora hizo en su cuenta personal. Además, alega que se trataba de dinero de un préstamo.

Una condena supondría el fin de su carrera política, pues la Constitución ecuatoriana impide presentarse como candidato en comicios a condenados por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.

Los acusados habrían recibido US$ 8 millones de empresas para las presidenciales de 2013 a cambio de la entrega de obras.

La Fiscalía se abstuvo de indagar a Odebrecht pese a que aparecía mencionada en la investigación periodística del portal La Fuente que dio origen al caso.

Los empresarios que entregaron dinero “fueron beneficiados de adjudicaciones de varios contratos” a través de los ministerios de Transporte y Sectores Estratégicos, y la Secretaría Nacional del Agua, señaló la Fiscalía.

Este es el segundo juicio que afronta Correa. El otro corresponde al presunto secuestro de un opositor en 2012. Sin embargo, ese proceso está suspendido pues la justicia requiere de su presencia para juzgarlo.

Es considerado un prófugo de la justicia y enfrenta órdenes de prisión por ambos casos.