También las Islas Caimán –territorio británico de ultramar–, las Islas Seychelles y Palau entraron en el listado, tras la actualización aprobada por los ministros de Economía y Finanzas comunitarios, con lo que se eleva a doce el número de territorios que lo componen.
Panamá había entrado en diciembre de 2017 en la primera lista negra, creada precisamente a raíz de escándalos como los Papeles de Panamá, la filtración en 2016 de documentos del bufete Mossack Fonseca, que involucró a personalidades de todo el mundo y que levantó sospechas de evasión fiscal, ocultamiento de fortunas y blanqueo de capitales.
Sin embargo, en enero de 2018 salió del listado, tras comprometerse a enmendar su legislación y, en marzo de 2019, la UE la sacó de todas sus listas de jurisdicciones no cooperativas tras comprobar que había respetado sus compromisos.
Panamá, Islas Caimán, Seychelles y Palau pasan a engrosar una lista en la que ya estaban Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu.
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La UE también ha actualizado la denominada “lista gris”, en la que se encuentran los países que todavía no cumplen las exigencias comunitarias, pero que se han comprometido a hacer cambios, de modo que pasa de 32 a 13 países.
Turquía, Anguila, Botswana, Bosnia Herzegovina, Eswatini (antigua Suazilandia), Jordania, Maldivas, Mongolia, Namibia y Tailandia figuran porque aún deben hacer cambios en materia de transparencia.
Y Marruecos, Australia y Santa Lucía, además de Namibia y Jordania, todavía tienen que acabar con ciertos regímenes fiscales perjudiciales.
