La decisión fue tomada por la jueza de guardia Laura Bastos Carvalho, de Río de Janeiro, quien acató un recurso de la Fiscalía contra posibles campañas publicitarias institucionales que insten a los brasileños a volver a la normalidad, sin tener como base “documentos técnicos”.

Para el Ministerio Público, ese tipo de mensajes “podría agravar el riesgo de diseminación” de la covid-19 en el, que en apenas un mes registró al menos 92 muertes y casi 3.500 casos confirmados.

La magistrada hace referencia a un video que supuestamente formaba parte de una futura campaña oficial bautizada como “Brasil no puede parar”, que fue compartido por el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del presidente brasileño.

El video, en el que se animaba a los comerciantes a reabrir sus negocios y a los trabajadores autónomos a retomar sus actividades, se le atribuyó al Gobierno de Bolsonaro, aunque la Secretaría de Comunicación de la Presidencia lo negó.

Bolsonaro generó una polémica después de que criticó el confinamiento en masa de la población decretado por algunos gobernadores regionales, defendió la reapertura de los colegios, y aconsejó poner en cuarentena solo a ancianos y personas con enfermedades previas.