GINEBRA (EFE, AFP). Un grupo de relatores de derechos humanos de la ONU manifestó ayer su preocupación por el aumento de las amenazas, ataques y acusaciones contra periodistas, trabajadores sanitarios y otras personas en Venezuela, en medio de la pandemia de covid-19, según un comunicado de prensa difundido en Ginebra.
Los expertos subrayaron que en la actual pandemia es esencial garantizar el acceso a la información sobre la dimensión de la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por el Gobierno, por lo que “las autoridades deben abstenerse de adoptar cualquier tipo de represalias” contra sanitarios y comunicadores sociales.
Las inquietudes de este grupo de analistas han sido comunicadas al gobierno venezolano, agrega el texto.
“Estamos profundamente preocupados por lo que parece ser un aumento de la estigmatización, los ataques y la criminalización de los defensores de los derechos humanos, incluidos periodistas, desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria del 13 de marzo”, señala este grupo de expertos.
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Los relatores consideran que el gobierno debe asegurar el acceso a la información, por lo tanto inhibirse de tomar cualquier represalia contra profesionales de la salud, comunicadores sociales y quienes brindan información sobre la pandemia del coronavirus a través de las redes sociales internautas.
“Nos preocupa aún más el efecto disuasorio que esto puede tener en la legítima labor de los defensores y periodistas que trabajan para salvaguardar los derechos humanos en el contexto de la pandemia de covid-19 y durante un año electoral, cuando el ejercicio de la libertad de expresión e información es esencial”, añade el texto.
El grupo de expertos destaca la importancia esencial para la protección y promoción de los derechos humanos que tiene el apoyo público a sus defensores y periodistas, sin hacer distinciones.
“Instamos al gobierno de Venezuela a promover espacios de diálogo, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con los derechos humanos y a no adoptar una legislación que restrinja aún más la libertad de asociación, a través de sanciones a las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiación internacional”, subrayan los relatores.
Desde el 16 de marzo, Caracas y seis estados acatan una cuarentena que se expandió al día siguiente a todo el país.
El régimen chavista suspendió actividades laborales –salvo sectores esenciales como alimentación o salud– y académicas.
En Venezuela, según cifras oficiales, hay 331 casos confirmados de coronavirus y 10 fallecidos.