BRASILIA (EFE). El video en cuestión es de una reunión de Bolsonaro con un grupo de ministros, fue grabado en la sede de la Presidencia y analizado ayer en el marco de una investigación que intenta determinar si el mandatario incurrió en algún delito, como ha insinuado Moro, quien renunció al Gobierno por esas supuestas “interferencias”.
Según el representante legal de Moro, el material “confirma integralmente” las sospechas volcadas por el exjuez de la operación Lava Jato en relación a Bolsonaro, por lo que “es de extrema relevancia” que su contenido, hasta ahora bajo secreto de sumario, sea divulgado.
Fuentes próximas a la investigación citadas por medios locales consideraron que el video pudiera realmente poner en problemas al mandatario, quien en esa reunión ministerial habría explicitado que pretendía cambiar al superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro para “proteger a su familia” de una supuesta “persecución”.
Aun cuando no está confirmado que Bolsonaro haya dicho eso, en fuentes políticas se habla desde hace tiempo del supuesto interés del mandatario en investigaciones de la Policía Federal en Río que podrían afectar a dos de sus hijos, el senador Flavio y el concejal Carlos.
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Cambios
Esa reunión ministerial fue el 22 de abril pasado, dos días antes de la renuncia de Moro, quien al anunciar su dimisión denunció unas “presiones inaceptables” por parte de Bolsonaro en relación a la Policía Federal.
Ese mismo día fue destituido el director de la Policía Federal, Mauricio Valeixo quien fue reemplazado por el comisario Alexandre Ramagem, quien mantiene lazos de amistad con la familia Bolsonaro.
Por esa proximidad, el nombramiento de Ramagem fue anulado por un juez del Supremo y el presidente designó entonces para el cargo a Ronaldo Souza, considerado un hombre muy cercano a ese comisario.
La primera decisión de Souza como director de la Policía Federal fue destituir al superintendente de Río de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, quien según dijo Bolsonaro asumirá el cargo de subdirector nacional de ese órgano autónomo.
Las insinuaciones de Moro llevaron a la Fiscalía General a abrir una investigación sobre la conducta del mandatario, que se adelanta bajo la supervisión del decano de la Corte Suprema, Celso de Mello.
En el marco de esa investigación, ayer debían declarar ante la Justicia, bajo secreto de sumario, los ministros de la Presidencia, Walter Braga Netto; Seguridad Institucional, Augusto Heleno, y Secretaría de Gobierno, Luiz E. Ramos.
Según Moro, fueron tres los ministros que participaron en la reunión de gabinete grabada en el video que ahora su defensa pide que sea hecho público.
Si la Fiscalía concluye que Bolsonaro ejerció presiones políticas ilegales, debería presentar una denuncia formal al Supremo, que a su vez debería pedir autorización a la Cámara de Diputados para iniciar el proceso correspondiente.
En ese extremo, si se aceptara una eventual denuncia, Bolsonaro sería separado del cargo durante los 180 días que duraría el juicio y sustituido por el vicepresidente Hamilton Mourao, quien concluiría el mandato que vence el 1 de enero de 2023, si el gobernante fuera hallado culpable.