BRASILIA (AFP y EFE). El magistrado Celso de Mello, decano de la Corte Suprema de Brasil, ordenó la divulgación del video que pudiera comprometer al jefe de Estado, Jair Bolsonaro, en una investigación que ya está en curso sobre supuestas injerencias ilegales en la Policía Federal (PF).

La filmación es de una reunión ministerial que se celebró el 22 de abril último y deberá ser difundida en forma parcial, con una edición que solo mostrará lo que tenga relación con el caso que se investiga, según el mencionado juez.

El mandatario brasileño ultraderechista se refirió en los citados términos ofensivos contra los mencionados gobernadores porque según él las restricciones que impusieron en sus estados limitan las libertades y son ruinosas para la economía.

El mismo juez De Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF), generó por otro lado una virulenta reacción del gobierno al transmitir un pedido de aprehensión del teléfono celular de Jair Bolsonaro. Esa es una decisión que, de ser aceptada por el fiscal general, tendría “consecuencias imprevisibles” y comprometería la “estabilidad”, según el jefe del Gabinete de Seguridad Nacional, el general Augusto Heleno.

Tanto el pedido de incautación del celular, presentado por partidos de la oposición, como la liberación del video, se inscriben en la investigación abierta después de que el ministro de Justicia Sergio Moro renunciara al cargo, alegando que Bolsonaro había tratado de interferir en investigaciones policiales para proteger a familiares y amigos.

El presidente brasileño asegura que la grabación no lo incrimina. A pesar de admitir que en la reunión se refirió a amigos y familiares, alega que estaba hablando de su seguridad personal y no de blindarlos ante investigaciones de la PF.

En la filmación, que las televisiones brasileñas pasaban una y otra vez por la noche, se le oye decir: “¡Ya traté de cambiar a personas de nuestra seguridad en Río de Janeiro, oficialmente, y no lo conseguí! No voy a esperar a que jodan a toda mi familia, a mis amigos, porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad en la punta de la línea de nuestra estructura”.

En la reunión se discutía la estrategia ante el covid-19. En la ocasión el ministro de Educación, Abraham Weintraub, sugirió mandar a prisión a los jueces del Tribunal Supremo. “Por mí, ponía a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF”, dijo.