CARACAS (AFP). “Hemos introducido en la Sala Constitucional (del TSJ) un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo” para “determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización terrorista”, indicó el fiscal general chavista, Tarek William Saab, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.
Saab, de línea chavista, acusó a Voluntad Popular y a Guaidó –jefe del Parlamento reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, con Estados Unidos a la cabeza– de promover acciones desestabilizadoras “en plena pandemia” del covid-19 para “hacer estallar a Venezuela”.
Entre estas figuran “una incursión naval” el pasado 3 de mayo que dejó decenas de detenidos, entre ellos dos militares retirados estadounidenses “imputados por terrorismo”, según dijo el funcionario del régimen.
Por su parte, Voluntad Popular rechazó “categóricamente las acusaciones” en un comunicado en Twitter.
“Mientras el pueblo venezolano protesta en las calles por la falta de agua, de luz, de gasolina, de gas, por la escasez y porque el dinero no les alcanza; Maduro y su dictadura hambreadora, corrupta e ineficiente persigue a nuestro partido”, señaló en Twitter su fundador, Leopoldo López (que fuera el preso más emblemático del chavismo), quien escapó de su arresto domiciliario el 30 de abril de 2019.
Mentor de Guaidó, López, refugiado en la residencia del embajador de España, fue condenado a 14 años de cárcel por hechos de violencia en protestas antigubernamentales en 2014.
El diputado Henry Ramos Allup, también rechazó la solicitud de la fiscalía en nombre de su partido, Acción Democrática, una de las toldas más antiguas del país, al denunciar que lo que busca es “justificar” la persecución y el apresamiento de opositores.
Los artículos referidos por el fiscal establecen la responsabilidad “civil, administrativa y penal” por “hechos punibles” relacionados con “el financiamiento al terrorismo”, así como la “confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión” de un delito.
La legislación venezolana contempla penas de hasta 30 años por cargos de terrorismo.
Además, el fiscal acusó a Voluntad Popular de apropiarse “del dinero de cuentas venezolanas en el extranjero” y de la filial petrolera Citgo con “el apoyo de Estados Unidos”.
Petróleo importado
El buque Fortune, el primero de los cinco barcos de Irán que llevan a Venezuela gasolina y productos petroleros, atracó ayer en el país caribeño, necesitado de combustible en medio de una crónica escasez.
La embarcación ancló en El Palito, un enorme complejo refinador que llegó a tener capacidad para sacar al mercado 140.000 barriles diarios de gasolina, pero cuya producción se ha desplomado con el colapso de la industria petrolera venezolana bajo el régimen chavista.