Actualmente, la legislación uruguaya ofrece asesoramiento pre y post aborto a las mujeres que así lo desean, aunque los médicos solo pueden aconsejar y no practicar la interrupción del embarazo. Y las mujeres deben obtener el misoprostol en el mercado negro.
Si el proyecto de ley prospera, ese asesoramiento -por parte de un equipo de al menos tres profesionales- será obligatorio, al igual que la realización de los abortos por parte del sistema de salud.
Las feministas cuestionan que se someterá a las mujeres a un “tribunal” antes de poder abortar y que implica una forma de poder que los médicos ejercen sobre las mujeres.
“Es un camino distinto del que pensábamos inicialmente”, reconoció Leonel Briozzo, firme partidario de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y ginecólogo de profesión.
Pero “hay claramente un cambio cualitativo en estos últimos veinte o treinta años con respecto a la visibilización del feto y el embrión como un potencial sujeto de derechos que hace muy difícil entrar al tema con los viejos argumentos que sirvieron en Europa en los años setenta”, sostuvo el especialista.
Briozzo explicó que con la llegada de las ecografías, a veces tridimensionales, “el valor social del embrión y el feto ha crecido sustantivamente”, complicando la defensa de la posibilidad de abortar desde la óptica feminista tradicional de los “derechos de la mujer”.