“Ha sido un trabajo de varios meses de contacto con el Poder Ejecutivo (...) y hemos logrado conciliar un proyecto que reforma todo lo que hemos criticado”, declaró el presidente del Colegio de Periodistas (Colper), José Rodolfo Ibarra.

La norma, que fue calificada por algunos medios de comunicación como una “ley mordaza”, contiene puntos polémicos, como el castigo de 4 a 8 años de cárcel para quien “procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad”.

El Gobierno emitió este lunes un comunicado conjunto con el Colper en el que afirmó que el proyecto de ley consensuado con el gremio periodístico elimina el término “informaciones secretas políticas”, que está incluido en las leyes del país desde hace unos 50 años, y lo cambia por “secretos de Estado debidamente decretados”.

“Se elimina esa parte de la ley que venía de tiempo atrás y que hasta ahora se ha detectado, y es ahora el momento para corregirlo”, manifestó Ibarra.

El secreto de Estado establecido en la Constitución Política del país centroamericano es la única limitación que existe para el acceso a información pública en Costa Rica.