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La iniciativa está dirigida a 4.228 barrios populares y villas y que, según el proyecto, beneficiará a 3,5 millones de personas.
El plan estipula la creación de un régimen de integración socio-urbana y regularización dominial para declarar esas tierras de utilidad pública, expropiarlas y urbanizarlas.
“La integración urbana está orientada al acceso a los servicios, a la eliminación de las barreras urbanas, a un fortalecimiento de los espacios. Es una mejora sustancial de vida de los que están en situación vulnerable”, señaló el diputado Pablo Tonelli.
Por su parte, Mayra Mendoza, del opositor Frente Para la Victoria-Partido Justicialista (FPV-PJ), apuntó que la norma “no resuelve gran parte de los proyectos de los habitantes (...) Están ahogando al pueblo argentino”, agregó la legisladora, aunque su bloque votó a favor del texto, con modificaciones.
La norma –que ahora deberá aprobar definitivamente el Senado con los cambios introducidos– afecta a los barrios identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), creado por decreto con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes y accedan a servicios básicos.