BOGOTÁ (AFP). El jet con 77 ocupantes se precipitó a tierra el 28 de noviembre de 2016 cuando estaba por llegar a la ciudad colombiana de Medellín.

Las primeras pesquisas ya anticipaban que el aparato iba corto de combustible.

El fallecido piloto fue responsabilizado en principio y una decena de funcionarios de la aerolínea y del Estado están presos en Bolivia.

En más de un año de investigación, la Aeronáutica Civil de Colombia encontró suficiente “respaldo probatorio y técnico” para comprobar que el accidente lo desencadenó la mala operación de la aerolínea.

Cuarenta minutos antes del accidente se presentó “a bordo de la cabina una indicación de bajo nivel de combustible; desde ese momento el avión ya estaba en una emergencia”, señaló el coronel Miguel Camacho, jefe del grupo de investigación. Sin embargo, “la tripulación no anunció esa emergencia al control de tráfico aéreo para pedir una prioridad”.

“La aeronave se abasteció con 9.073 kg de combustible, esta cantidad era insuficiente para volar entre Santa Cruz y Rionegro (aeropuerto de Medellín), la cantidad mínima debía ser mayor a 11.603 kg”, apuntó el oficial.

Otras de las conclusiones que extrajo un equipo de cinco países es que la compañía vivía una “situación económica precaria evidente en los pocos vuelos que tenía y en demoras en los pagos”, que la llevaba a ahorrar costos de forma indebida.