RÍO DE JANEIRO (AFP). Los fiscales están investigando –con el operativo “Lava Jato” (Lavadero de autos)– si el mandatario brasileño, Michel Temer, y su principal entorno participaron en la red de sobornos y desvíos multimillonarios desde Petrobras para financiar sus campañas electorales.
El presidente y algunos de sus aliados fueron mencionados en las confesiones de 77 exejecutivos de Odebrecht. Las “delaciones del fin del mundo” –como se conocen por su potencial explosivo– siguen bajo secreto judicial, pero pueden ser divulgadas pronto por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Según un testimonio filtrado, el entonces vicepresidente Temer pidió a Odebrecht en 2014 que diera a su partido –el PMDB– millones de dólares para las campañas. Pero el mandatario lo niega.
Un presidente en ejercicio no puede ser procesado por delitos que supuestamente ocurrieron antes de asumir su cargo. Pero si su entorno está implicado, el escándalo será enorme.
El Poder Judicial –cuya independencia es reconocida– parece determinado a seguir hasta el final, por lo que el primer anillo de Temer lucha para obtener todas las ventajas que pueda.
La semana pasada, por ejemplo, el presidente nombró a una figura de perfil muy político para ocupar el puesto vacante en el Supremo: su exministro de Justicia, Alexandre de Moraes.
Poco antes, el mandatario había elevado al rango de ministro a uno de sus colaboradores más cercanos, Wellington Moreira Franco. Lo designó secretario general de la Presidencia y su ascenso fue visto como una maniobra para darle fueros –porque fue citado en el “Lava Jato”– y alejarlo así del alcance de los tribunales de primera instancia como el del juez emblema de la lucha anticorrupción, Sergio Moro.
Tensión en Senado y Diputado
Pero el Ejecutivo no es el único nervioso ante las esperadas confesiones de Odebrecht.
Los recién elegidos presidentes del Senado, Eunicio Oliveira, y de Diputados, Rodrigo Maia, también han sido implicados en el caso, como lo fueron sus predecesores, el actual senador Renan Calheiros y Eduardo Cunha (encarcelado).
Hace unos días, Maia intentó tramitar una ley para reducir el castigo a los partidos que acepten donaciones sospechosas. Pero el magistrado de la STF Gilmar Mendes –visto en ocasiones como más reticente que otros a “Lava Jato”– acusó al Congreso de elaborar una ley que “dará impunidad a los partidos políticos que malversen fondos públicos”, y Maia acabó dando marcha atrás rápidamente.