BRASILIA (EFE). El tema es objeto de profundos debates en el Parlamento de Brasil desde que el Poder Judicial destapó la olla de la corrupción en la estatal Petrobras, que ha salpicado a decenas de partidos políticos y empresarios privados, y mermado la poca confianza que la sociedad ya tenía en sus dirigentes.
Las discusiones sobre una reforma política se aceleraron en los últimos días en el Parlamento, sobre todo porque según las leyes brasileñas sólo estará en vigor para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales de octubre de 2018 si fuera aprobada un año antes.
Uno de los asuntos centrales del debate es la financiación de las campañas, que, según ha comprobado la Justicia, en los últimos años han sido alimentadas con dinero de la corrupción obtenido mediante complejas tramas ilegales tejidas por el sector público y privado.
Una reforma aprobada en 2015, al calor de los primeros grandes escándalos en Petrobras, vetó la financiación por parte de empresas privadas para de impedir la práctica de la llamada “Caja B”, la irregularidad más expandida en los procesos electorales en Brasil.
Si bien complació a la sociedad, esa modificación se convertió en un arma de doble filo para la clase política, pues limita las fuentes de financiación para las próximas presidenciales.
La semana pasada, la Cámara de Diputados discutió una propuesta que pretendía reparar eso con la creación de un fondo público de 3.600 millones de reales (unos US$ 1.125 millones), equivalentes al 0,5% de los ingresos del Estado calculados para 2018, que sería usado para financiar a los partidos en sus campañas del año próximo.
Esos recursos se sumarían al llamado “Fondo Partidario”, con que el Estado financia la actividad de los partidos políticos y que en la actualidad cuenta con unos 800 millones de reales (US$ 250 millones) por año.
Pero la iniciativa, que partió de un diputado del Partido de los Trabajadores (PT, de Lula da Silva) fue rechazada en forma categórica por organizaciones de la sociedad civil y la Cámara de Diputados acordó archivar la propuesta, pero aún intenta hallar una fórmula que permita una amplia financiación pública de las campañas, que de otro modo debería ser asumida por los propios partidos.
El presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, admitió que, si no se encuentra otra alternativa, para las elecciones de 2018 solo se podrá contar con el “Fondo Partidario”, insuficiente de acuerdo a los costes declarados en las últimas campañas.
En el proceso electoral de 2014, solo la campaña de Rousseff, que fue reelegida en esos comicios, gastó el equivalente a la mitad del dinero que tiene hoy ese fondo, que se distribuye proporcionalmente entre la treintena de partidos políticos que existen en Brasil, de acuerdo a sus niveles de representación parlamentaria.
El presidente del Tribunal Superior Electoral, Gilmar Mendes, dijo que la falta de un acuerdo genera “preocupación” de cara a las presidenciales del año próximo.
“Acabaron con la financiación privada y ahora hemos tenemos todas estas dificultades”, declaró el magistrado, quien manifestó su temor de que la posible falta de dinero para la campaña del año próximo lleve a expandir la ilegal práctica de la “Caja B”.