WASHINGTON (EFE). “Estábamos ya reunidos cuando empezaron a llegar las noticias de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Colin Powell (entonces secretario de Estado de EE.UU.) nos informó, todos estábamos desesperados”, explica Jean Michel Arrighi, uno de los redactores de la Carta y responsable desde hace 23 años de los Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En esas circunstancias excepcionales, los 34 países miembros de la OEA firmaron unánimemente la Carta Democrática, una resolución de la Asamblea General que prevé varios escenarios de la ruptura del orden constitucional de un Estado y que este año, en su 15° aniversario, está de máxima actualidad por el debate sobre su aplicación a la Venezuela chavista.
El pasado 31 de mayo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio el paso sin precedentes de invocar la Carta Democrática contra la voluntad del Gobierno del Estado en cuestión: Venezuela.
Hasta ahora, la Carta se había aplicado en tres escenarios: cuando el Gobierno del Estado pidió asistencia de la OEA, cuando la autorizó a solicitud de otros países o en el caso del golpe de Estado de Honduras de 2009, que fue el único en el que se aplicó la máxima sanción, la suspensión del ente.
Fue el gobierno venezolano del fallecido presidente Hugo Chávez el que primero recurrió a la Carta Democrática, tras el intento de golpe de Estado contra él ocurrido en 2002.
El debate actual abierto sobre la aplicación de la Carta a Venezuela se basa en un cuarto escenario que el documento recoge en su artículo 20 y que nunca antes se había dado.
“Esta es la hipótesis de que hay una crisis institucional, pero el Gobierno ni pide ayuda ni acepta que lo ayuden. Pero, dado que es una alteración grave del orden constitucional, el Consejo Permanente, a petición del secretario general o cualquier Estado, puede iniciar una serie de gestiones”, señala Arrighi.
En el caso venezolano es la élite en el poder quien atenta contra la democracia, y para eso existe una previsión de la Carta.
“El artículo 20 –resalta Arrighi– se hace precisamente para el caso, como el de Alberto Fujimori en Perú en 1992, de que es el Gobierno el que está afectando el orden constitucional. El Gobierno solo va a pedir ayuda o dar su acuerdo cuando es él el afectado, no cuando es él el que afecta. Por eso se redactó ese artículo”.