La sentencia, fruto de un largo proceso judicial iniciado por una decena de familias castellanohablantes que reclaman el derecho de sus hijos a educarse en castellano, lengua cooficial en la región junto al catalán, fue muy criticada por la comunidad educativa catalana y por el gobierno regional, que presentó un recurso y anunció que no la aplicará.
Según el auto judicial emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, “el sistema (educativo) ha de adaptarse a toda la clase de la que forma parte ese alumno. Lo acordado afecta al alumno juntamente con sus compañeros”.
“No contemplamos la posibilidad de ejecutar la resolución en los términos que está presentada. Confiamos en que la resolución al recurso que hemos presentado nos será favorable”, dijo el miércoles la responsable de educación catalana, Irene Rigau.
El ministro de Educación español, José Ignacio Wert, replicó que “la Constitución dice claramente que las sentencias y las demás resoluciones judiciales hay que cumplirlas. No es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer”.
La defensa del sistema educativo catalán, en el que todas las asignaturas se enseñan en ese idioma excepto castellano e inglés, ha sido uno de los temas más sensibles para la ciudadanía de esa región.
El conflicto lingüístico se une al político nacido después de que el presidente catalán, Artur Mas, del partido nacionalista CiU, anunciara tras ganar las regionales en noviembre un referéndum de autodeterminación en 2014.