China ha puesto en marcha su reforma más audaz desde que se unió a la Organización Mundial del Comercio para permitir la inversión privada en sectores dominados por empresas estatales, incluyendo los ferrocarriles, hospitales, generación y transmisión de energía. “Al permitir la inversión privada en servicios públicos, deberíamos tratarla como a otros cuerpos de inversión y sin condiciones adicionales”, dijo una circular publicada por el ministerio, según Xinhua.

La inversión privada se permitirá en las vías urbanas, puentes, transporte ferroviario, aparcamientos, así como el suministro de gas y calefacción, tratamiento de aguas residuales y proyectos de eliminación de basura, dijo el ministerio. Las empresas privadas podrían entrar en los sectores anteriormente dominados por el Estado a través de inversiones directas, asociaciones o adquisiciones, pero los costos de servicios públicos seguirán siendo regulados por el Gobierno, dijo el ministerio. A las empresas privadas se les animará a invertir en empresas de servicios públicos mediante la compra de bonos y acciones emitidas por los gobiernos locales.

El nuevo impulso de China para abrir las industrias controladas por el Estado puede parecer audaz, pero los inversores privados se muestran escépticos pues podrían enfrentar resistencia por parte de las empresas estatales.