El Gobierno anunció el lunes el fin del acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) , adscrita a la ONU y cuyo mandato terminaba el 3 de setiembre, desatando una oleada de reacciones de diferentes sectores.

Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del Mandatario, mientras sectores conservadores, políticos de derecha y la cúpula empresarial demandan que se respete la decisión y soberanía del país.

La relación de Morales con la Cicig es hostil desde el inicio de su mandato en 2016, luego de que este ente acusara a su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero. Los dos están a la espera de juicio.

La situación se agravó en 2017 cuando la Cicig y la Fiscalía acusaron a Morales de financiamiento ilegal de su campaña para la presidencia en 2015.

En defensa de Morales, el senador estadounidense Mike Lee, republicano, dijo que “Guatemala tiene todo el derecho de pronunciarse y defenderse de violaciones a su soberanía y abusos cometidos” por la Cicig.

Algunos juristas sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC) , que avaló la presencia de la Cicig.