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En la audiencia, los integrantes del máximo tribunal argentino cuestionaron a las partes a favor y en contra de la ley, que fue aprobada por el Congreso en 2009, pero se mantiene parcialmente suspendida por una demanda presentada por Clarín, el mayor conglomerado multimedia de Argentina y el más perjudicado por la norma.
Críticas
Damián Cassino, abogado de Clarín, alertó ante la Corte Suprema de las consecuencias de la ley sobre la libertad de expresión en Argentina, ya que, según afirmó, de alterarse la estructura actual de Clarín “se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país”.
También expuso que la ley afecta la sustentabilidad del medio, ya que, de declararse constitucional, su cliente “no va a poder atender los pagos de deuda ni hacer inversiones y no va a poder operar en el mercado de internet y de televisión por cable”.
Defensa
“Es falso el argumento del grupo al decir que la aplicación de la ley hace insustentables a las empresas. Lo que busca es sostener su situación de privilegio para seguir lesionando el mercado audiovisual y desde esa posición dominante condicionar a los poderes públicos y así el rumbo del país”, dijo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella.
Sabbatella insistió en que la ley es “una herramienta para democratizar la comunicación”.
Proceso
La Cámara Civil y Comercial Federal determinó el pasado abril la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley cuestionados por Clarín, pero el Gobierno apeló el fallo.
Se trata del artículo 45, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías antes de la aprobación de la norma.
La Corte Suprema tiene ahora la última palabra en la causa.