Corte envía a prisión a diputado, policía arresta a más políticos

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La Corte de Brasil envió a prisión al diputado Paulo Maluf, del Partido Progresista (PP) y aliado del presidente Michel Temer, por lavado de dinero y desvío de fondos públicos. En tanto, la Policía Federal arrestó al asesor del mandatario y a dos exgobernadores por corrupción.

BRASILIA (AFP, EFE). En un nuevo capítulo de la saga de corrupción que golpea al país, el Supremo Tribunal Federal condenó al diputado federal Paulo Maluf, por el crimen de lavado de dinero, a siete años, nueve meses y 10 días de reclusión en régimen inicial cerrado. 

Además, la Corte le prohibió ejercer cargos públicos.

Maluf fue acusado por el Ministerio Público de blanquear “dinero desviado de obras públicas y enviarlo al extranjero a través de operadores del mercado ilegal de cambio”. 

Según el expediente, ocultó y disimuló el origen de esos recursos mediante un esquema de cuentas en Suiza, Inglaterra y las Islas Vírgenes. 

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El caso se remite a un esquema de sobornos en los años 90 en São Paulo, donde fue gobernador.

Elegido en 2011, Maluf cumplía su cuarto período como diputado en Brasilia.

Arresto de asesor 

La Policía Federal arrestó a un asesor de la presidencia y a dos exgobernadores como parte de una investigación sobre los costos de construcción de un estadio para el Mundial de fútbol de 2014. 

Tadeu Filippelli, un asesor especial del Gabinete presidencial, y los exgobernadores federales José Roberto Arruda y Agnelo Queiroz fueron puestos bajo custodia policial.

El Palacio de Planalto informó que Filippelli fue despedido.

El caso indaga la actividad de una red delictiva que sobrefacturó casi 900 millones de reales (unos 380 millones de dólares al cambio promedio de 2014) durante la construcción del “Mané Garrincha”, presupuestado en 600 millones de reales, pero con un costo final de 1.500 millones, indicó la PF.

Las investigaciones sobre la corrupción sistémica en la política brasileña tienen en jaque al propio presidente Temer, a quien la Corte suprema le abrió una investigación luego de que un empresario del sector cárnico lo grabara aceptando la supuesta compra del silencio de un exdiputado, Eduardo Cunha, del partido del jefe de Estado que está en prisión.