Los activistas de los derechos humanos consideran que el acuerdo no llega suficientemente lejos en materia de ayuda humanitaria, servicios básicos y derechos laborales de los migrantes. Sus detractores lo consideran una incitación a los flujos migratorios incontrolados.
La Organización Internacional para la Migración (OIM) defiende que el pacto “representa una oportunidad histórica para mejorar la cooperación internacional en materia de migración y para fortalecer la contribución de los migrantes y la migración al desarrollo sostenible”.
Países que son sobre todo receptores de emigrantes (Australia, Italia, Bulgaria, Austria, Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Suiza, Estonia, Lituania, Israel o Rca. Dominicana) avanzaron que el acuerdo, pese a su carácter no vinculante, puede generar compromisos políticos en detrimento de la soberanía de los Estados; además de que no establece una diferencia entre migrantes regulares e irregulares.
Las retiradas comenzaron el año pasado con Estados Unidos EE.UU. que se desmarcó del proceso de elaboración del pacto –consensuado en junio de 2017 tras 18 meses de negociaciones– con el argumento de que contiene cláusulas que no son acordes con la política migratoria del presidente Donald Trump.