Desaparecer personas, una política de Estado

BUENOS AIRES (AFP). El exdictador Jorge Videla (87 años) vive su ocaso en un calabozo, escribe memorias y reza junto a una modesta cama debajo de un crucifijo, condenado a cadena perpetua por elevar la desaparición de personas a una política de Estado en Argentina.

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“Pongamos que eran 7.000 u 8.000 las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión; no podíamos fusilarlas. Tampoco podíamos llevarlas ante la Justicia”, dijo Videla en una entrevista en su celda al periodista Ceferino Reato, según el revelador libro “Disposición Final” .

Videla carga sobre su espalda dos condenas a cárcel de por vida y otra a 50 años por crímenes de lesa humanidad y robo de bebés entre 1976 y 1981.

“Combatimos la subversión marxista”, había dicho ante la Justicia al señalar que su enemigo eran las guerrillas de Montoneros (peronista) y ERP (guevarista) , en momentos en que se libraba la Guerra Fría entre EE.UU. y la Unión Soviética.

Las sentencias en su contra revelaron la existencia de un “plan sistemático de eliminación de opositores”, según la justicia argentina, como activistas políticos, sindicales, estudiantiles, sociales, religiosos de la Teología de la Liberación, artistas e intelectuales, miles de ellos desaparecidos.

Fue el comandante del asalto al poder que derrocó a la expresidente Isabel Perón en 1976, suspendió la Constitución, prohibió los partidos políticos y dispuso la censura en radio y TV.

Videla gobernó aliado al grupo civil llamado ‘Los Chicago Boys’ y le dio todo el poder administrativo a un economista de una familia de la aristocracia criolla, José Martínez de Hoz, admirador del Premio Nobel Milton Friedman.

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