Descontento ante explotación minera

SANTIAGO (AFP). Indígenas chilenos y campesinos peruanos pusieron en crisis, con sus denuncias ambientales, a dos de los mayores proyectos mineros de la región: Pascua Lama, en Chile, y Conga, en Perú, mostrando que hoy América Latina ya no recibe a las inversiones mineras con los brazos abiertos.

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Chile

En el Valle del Huasco, en el norte de Chile, una comunidad indígena diaguita logró paralizar el proyecto Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, la mayor mina de oro del mundo, con una inversión de más de 8.000 millones de dólares.

La pequeña etnia diaguita acusa el daño irreversible de los cursos de agua con los que se han alimentado y desarrollado su ganadería y agricultura por miles de años, tras la construcción de una gigantesca mina a tajo abierto a más de 5.000 metros de altura, en la frontera chileno-argentina.

Perú

En Cajamarca, en el noreste de Perú, grupos de campesinos se oponen a la construcción del proyecto Conga, de la estadounidense Newmont, que con una inversión de 4.800 millones de dólares prevé la extracción de oro y cobre en cuatro lagunas naturales.

A mediados del año pasado, el proyecto fue suspendido tras fuertes protestas que dejaron cinco muertos, pero las comunidades acusan que la construcción sigue avanzando y realizan permanentes protestas.

América Latina

Un catastro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina informa de 197 proyectos en conflicto, que involucran a 276 comunidades, en su mayoría asentadas en Chile, Perú, México y Brasil.

El aumento de la conflictividad se registra a la par del auge de la minería de oro y cobre en la región, donde hay 300.000 millones de dólares proyectados de inversión hasta 2020.

Conciencia ambiental

Pero tras décadas de acoger esas inversiones sin contrapeso, hoy las comunidades locales no están dispuestas a soportar el progreso a cualquier costo y han decidido dar la batalla frontal, superando inicialmente su propia incredulidad.

“Ha cambiado todo; la conciencia medioambiental, la legislación, la fuerza y movilización de las comunidades que se sienten afectadas. Ha cambiado la política, ha cambiado todo”, explicó el abogado Lorenzo Soto, que defiende a los indígenas diaguitas en Chile.

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