La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), creada en 2011, tiene como principal función asesorar al Gobierno colombiano en la implementación de la política de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) a la vida civil de personas o grupos armados organizados al margen de la ley, que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva.
“Va a ser un gran desafío para el país el adaptarnos, entender que con las FARC estamos haciendo un acuerdo para ponerle término a un conflicto de más de 50 años”, declaró Joshua Mitrotti, director de la ACR.
A juicio del funcionario, los colombianos deben poner toda su “capacidad” para “construir confianza, construir puntos de encuentro y lograr romper ciclos de violencia”.
“La sociedad en general, los medios de comunicación, el sector privado, las organizaciones sociales, la institucionalidad en las regiones, a nivel local, tienen que prepararse porque esto va a implicar una nueva forma de conversar, una nueva forma de construir lo público”, añadió.
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Mitrotti explicó que en los últimos 13 años se han desmovilizado en Colombia 59.000 combatientes de los grupos FARC, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de los cuales 49.000 se acogieron de forma voluntaria a la reintegración, proceso que prevé un acompañamiento a lo largo de seis años y medio.
Señaló que más de 22.500 de los participantes en la reintegración reveló haber sido reclutado antes de cumplir los 18 años, en muchos casos aún siendo niños, con edades que oscilaban entre los ocho y los doce años.
Del total recibido, un 75% era analfabeta funcional, y en la actualidad un 82% ya no es analfabeta, “un poco más de 22.000 han terminado la básica primaria, 14.000 hoy son bachilleres, 2.800 personas están estudiando educación superior y 500 desmovilizados hoy ya son profesionales”, resaltó.
Mitrotti advirtió que “desafortunadamente es la gente en condición de vulnerabilidad” la que ha terminado involucrada en el conflicto de más de 50 años que padece Colombia.