Entre tanto, un representante del Gobierno venezolano defendió la decisión de no renovar la licencia de operación de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, como parte de una política del entonces presidente Hugo Chávez de democratizar las telecomunicaciones.
Los jueces de la Corte, con sede en Costa Rica, escucharon presentaciones de las dos partes en el inicio de una audiencia de dos días dedicada a la formulación de argumentos finales en la demanda contra Venezuela por el cierre de la televisora, una de las voces más críticas del gobierno de Chávez.
“Aspiro a que se restablezcan los derechos del país a tener información, pluralidad, a oír distintas opiniones políticas, a debatir civilizadamente, democráticamente. En fin, que haya un ambiente democrático y de concordia”, declaró en la audiencia Marcel Garnier, accionista y entrevistador de la televisora.
Garnier agregó que, en el plano económico, espera una reparación por los daños que sufrieron él y sus socios con la negativa a renovar la concesión de la televisora y la posterior incautación de sus bienes. Según él, los bienes incautados podrían valer entre 460 millones y 600 millones de dólares.
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En la sesión, el integrante de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones venezolana (Conatel) José Leonardo Suárez aseguró que la decisión de no renovar la concesión de licencia de operación de frecuencias de radio y televisión de RCTV se dio en apego a las leyes del país y sin ningún atropello a la Constitución o a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.