El escándalo estalló en febrero de 2012, cuando una mujer, Laura Muñoz, acusó a su marido Alejandro Vanderbroele de ser el “testaferro” de Boudou y de mantener negocios espurios relacionados con la impresión de papel moneda.

Para entender la imputación del funcionario es preciso remontarse al año 2009, cuando la imprenta Ciccone Calcográfica entra en crisis.

La empresa era la única que podía fabricar billetes y documentos de seguridad.

Atravesaba problemas financieros y al perder el contrato de elaboración de pasaportes y de DNI su situación empeoró.

En julio de 2010, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó a la Justicia la quiebra de la imprenta, y fue aprobada.

No obstante, pocos meses después, la AFIP avaló un levantamiento de la quiebra, en favor de la firma The Old Fund, que presidía Alejandro Vanderbroele.

En setiembre de ese año quedó sin efecto la quiebra de la antigua Ciccone y la imprenta pasó a manos de The Old Fund.

En estas circunstancias fue cuando, el entonces ministro de Economía Amado Boudou habría jugado un rol clave. Envió una nota a la AFIP solicitando que se otorgue a la imprenta una moratoria especial.

En julio de 2011, The Old Fund es renombrada como Compañía de Valores Sudamericana.

El nudo delictivo está en los vínculos de cada uno de los protagonistas de la operación.
El titular de The Old Fund, Vanderbroele, era un empleado de José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou.

Por orden del ministerio de Economía, la Casa de Moneda contrató en 2012 a la Compañía de Valores Sudamericana para fabricar billetes de 100 pesos.

El negocio le iba a significar a la imprenta unos 50 millones de dólares. Tras el estallido del escándalo, la compañía terminó siendo estatizada por el gobierno nacional.

El vicepresidente niega todo vínculo con Vandenbroele. Sin embargo, fue comprobada en la causa que Vandenbroele vivió en uno de sus departamentos de Puerto Madero, pagó el servicio de televisión por cable y solicitó servicio de delivery de comidas.