La reacción internacional condenando la anulación del Congreso, donde la representantes opositores al gobierno fueron elegidos con el 70% del voto popular, motivó este retroceso, pero no significó el final del autoritarismo chavista.

En la práctica, la Asamblea Nacional seguirá bloqueada por el TSJ, que le ha impedido aprobar una sola ley desde que asumió funciones a principios del 2016 acusándola de “desacato”.

“Quieren hacerle ver al mundo que ellos supuestamente recularon y (...) no han hecho nada. El Tribunal Supremo de Justicia pretende maquillar a un muerto, pero ya dio un golpe de Estado que no puede corregir”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en una concentración opositora.

“Que no crean que tachando una palabra en esa sentencia corrigen el entuerto”, agregó.

Venezuela, bajo gobierno chavista desde hace más de 17 años, sufre una grave crisis económica, con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez, pero el gobierno dice que la culpa es de la oposición, por una supuesta “guerra económica” en su contra.

La oposición denuncia que en Venezuela gobierna una dictadura que tiene tras las rejas a un centenar de presos políticos, que suprimió elecciones y que impide la apertura de un canal humanitario para suavizar la escasez de alimentos y medicinas.