MADRID (AFP y Reuters). Las cifras reflejan que el número total de viviendas creció entre 2001 y 2011 en España en 4,26 millones (20,3%), mientras que la población aumentó en ese período en 5,97 millones (14,6%).
Fernando Encinar, jefe de estudios del portal inmobiliario idealista.com, indicó que estos datos “rompen la leyenda de los 6 millones de viviendas vacías que desde comienzos de 2012 que algunos tertulianos y políticos han utilizado en sus argumentos”.
El elevado stock de viviendas, muchas de ellas nuevas en manos de entidades financieras o del banco, vacías y el fuerte deterioro de su valor en los últimos años ha sumido en un profundo bache al sector inmobiliario y está dificultando la salida de la crisis al lastrar al sector financiero y reducir la riqueza de las familias.
Según los datos del INE, las segundas residencias crecieron por su parte en 28.602 unidades en esa década, hasta 3,68 millones o el 14,6% del total.
En Andalucía (con 637.221), Valencia (con 505.029) y Cataluña (448.356) se levantan casi la mitad del total de viviendas sin ocupar en el país, un número que ha crecido en los últimos diez años en casi 337.000 (10,8%).
Ley contra desalojos
Mientras, el Congreso español aprobó ayer una nueva ley para hacer frente a los desalojos, uno de los principales dramas de la crisis, pero que no incluye la dación de la vivienda en pago de la hipoteca como pedían los activistas.
La ley procede de una iniciativa legislativa popular que recogió 1,4 millones de firmas, promovida por los activistas antidesahucios, quienes ahora consideran que se ha desvirtuado el espíritu de su texto, cuyo principal punto era la posibilidad de saldar la deuda con el banco mediante la entrega de la vivienda.
“Lo que hace el Partido Popular (PP, derecha, en el poder) es no hacer caso a lo que propone la ciudadanía. Por lo tanto, no podemos estar contentos con lo que está pasando”, dijo Empar Pablo, de 36 años que se manifestaba junto a otros activistas en las cercanías del Congreso por considerar insuficientes las medidas del texto, que ahora debe tramitarse en el Senado.
La ley, aprobada solo con los votos del PP, con mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, paraliza durante dos años las expulsiones de familias vulnerables e impulsa la creación de un fondo social de viviendas para desahuciados.
Siguiendo las directrices del Tribunal de Justicia de la UE, que declaró ilegales algunos aspectos de la norma española, el texto limita los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero y autoriza la suspensión del desalojo si existen cláusulas abusivas.
Con el país en una crisis histórica y un paro elevadísimo, miles de familias españolas que se endeudaron durante la burbuja inmobiliaria no han podido hacer frente a sus pagos y han sido desalojadas de sus viviendas.
Entre 2008 y 2012, se dictaron 415.117 órdenes de ejecución hipotecaria de las que fueron ejecutadas 252.826, cerca de un 61%, incluyendo viviendas principales y secundarias, locales empresariales y comerciales y terrenos.
Alarmada por la gravedad del problema, que llegó a provocar algunos suicidios, muchos españoles, a través de asociaciones antidesahucios, se movilizaron contra este drama, pidiendo al Gobierno una reforma del mercado hipotecario.
Mientras se aprobaba la ley, decenas de manifestantes se concentraron cerca del Congreso en contra del Gobierno, con gritos como “¿Qué pasa?, ¿qué pasa? ¡Que no tenemos casa!”, o “casas sin gente y gente sin casa”.
“La dación en pago no derrumbaría el sistema sino que facilitaría una nueva oportunidad para esas personas que han sido desahuciadas. Sino dedicarán todos sus ingresos a pagar una deuda que ni siquiera pueden disfrutar”, reivindicó Enrique Valdivieso, activista de 27 años que sostenía un cartel con el lema del movimiento: “Sí, se puede”.