La votación, aunque no iba a tener efectos jurídicos, fue prohibida días antes por el Tribunal Constitucional, pero se celebró gracias al impulso gubernamental y la colaboración de miles de voluntarios.
La fiscalía pide para él 10 años de inhabilitación en cargos públicos y 9 para dos otras procesadas, Joana Ortega e Irene Rigau, miembros del gobierno de Mas.
Unos 2,3 millones de personas sobre un censo aproximado de 6 millones participaron en la consulta y un 80% votó por la independencia.
El juez instructor entiende que Mas “articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional” siendo “plenamente consciente de que con ello quebrantaba el obligado acatamiento” a ese tribunal.
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También es investigado el exportavoz del ejecutivo, Francesc Homs, aunque su caso lo lleva el Tribunal Supremo por ser diputado en el Congreso español.
La decisión supone un aviso al actual presidente catalán, Carles Puigdemont, quien pretende seguir los pasos de Mas, su antecesor, convocando en setiembre de 2017 un referendo de autodeterminación con o sin el aval de Madrid, que tiene competencia exclusiva sobre la convocatoria de plebiscito.