El Tribunal C de Mayor Riesgo, en la audiencia de reparación que se celebró ayer, declaró con lugar la responsabilidad de los diez condenados a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que investigó el caso conocido como Agua Mágica junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. 

En este sentido, estableció que deben pagar al Estado los 22,8 millones de quetzales defraudados (unos 2,9 millones de dólares) más los intereses, haciendo un total de 34,1 millones de quetzales (unos 4,4 millones de dólares). 

Este pago tendrán que hacerlo “de forma mancomunada”, por lo que a cada uno, incluida la exvicepresidenta –condenada a 15 años y 6 meses de prisión por los delitos de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias–, deberá abonar 3,4 millones de quetzales (unos 441.000 dólares). 

Según el fallo, la exvicepresidenta, recluida en una cárcel de la zona 18 de la capital, usó su poder político para fraguar la compra del producto y la acusó de liderar y coordinar a esta “organización criminal”. Y es que, aprovechándose de su cargo, Baldetti influyó para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del Lago Amatitlán por valor de 137,8 millones de quetzales (17,96 millones de dólares) a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Ltd., aunque solo lograron defraudar 2,9 millones de dólares. 

La exfuncionaria tiene pendiente con la Justicia guatemalteca otras tres causas, incluida La Línea –que la llevó a renunciar del cargo en mayo de 2015–, pero además es requerida en extradición en Estados Unidos por supuestamente haber recibido dinero y seguridad armada del cártel mexicano Los Zetas a cambio de dejar pasar droga por Guatemala.