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BRASILIA y SÃO PAULO (ANSA, EFE, AFP). Los fiscales sostienen que, en liberta, Lula puede destruir pruebas y actuar para evitar actuaciones de la justicia, informa el diario Folha de São Paulo.
Es la primera vez en la historia del país que se solicita la prisión de un exmandatario.
El fiscal Cassio Conserino junto a sus colegas José Carlos Blat y Fernando Araújo consideran “imprescindible el decreto de prisión preventiva en razón de la conveniencia de la instrucción criminal”.
Para los fiscales del foro provincial de São Paulo la detención del exmandatario es necesaria pues “podría poner en movimiento a su red violenta de apoyo para evitar el curso normal del proceso”.
Lula, su esposa Marisa Leticia y su hijo mayor Fabio Luiz fueron acusados de lavado de dinero, asociación ilícita y falsedad ideológica por la adquisición encubierta de un departamento.
Según los procuradores, Lula fue beneficiado ilegalmente por la constructora OAS en la compra de esa propiedad en Guarujá, en un predio que comenzó a ser construido por el sindicato de bancarios paulistas.
Entre los 16 acusados figuran el extitular del sindicato de los bancarios João Vaccari Neto, quien luego fue tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), y Leo Pinheiro, presidente de la constructora OAS.
En tanto, Lula da Silva se reunió ayer con el titular del PT, Rui Falcão, quien anunció que el exmandatario encabezará un acto la semana próxima en la Avenida Paulista, donde este domingo se realizará una movilización por el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff.
Pago de favores
Líder del socialismo latinoamericano, Lula fue denunciado formalmente la noche del miércoles por ocultación de propiedad y lavado de dinero por la Fiscalía de São Paulo.
El mismo inmueble también es objeto de investigación en el caso Lava Jato que desentraña la megarred de corrupción tejida entre políticos, empresarios y exdirectivos de la petrolera estatal Petrobras, un caso basado en la Fiscalía de Curitiba y que sacude a toda la clase política brasileña.
El caso, conocido como Petrolão, significó un perjuicio de entre 2.000 y 8.000 millones de dólares para el pueblo brasileño.
El apartamento, oficialmente, es propiedad de la constructora OAS, involucrada en el esquema de fraude, y los investigadores sospechan que la empresa utilizó estos emprendimientos como pago de favores a cambio de posibilitar contratos multimillonarios con la estatal.